La PUCMM presenta su nueva área de investigación

11 de agosto

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Nidia Antonia Matos Mesa el 11/8/2016 12:26 p. m.

3,329 funcionarios violan la Ley sobre Declaración Jurada de Bienes

Santo Domingo R.D.- Durante una rueda de prensa la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), presentó su nueva área de Investigación: Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano (PEDD), que tiene como objetivo evaluar políticas públicas y privadas, así como promover y recomendar soluciones a problemas de índole social, institucional, empresarial, económica, política, conceptual y cultural.

El PEDD consta de varias tareas complementarias entre las que se encuentran: monitoreo de acontecimientos y realidades presentes, investigaciones y estudios, foros y talleres de discusión de expertos e interesados, divulgación y publicaciones.

Esta rueda de prensa estuvo encabezada por el vicerrector de Investigación e Innovación de la Madre y Maestra, David Álvarez y el coordinador del PEDD-PUCMM, Fernando Ignacio Ferrán, quienes, fruto de la primera investigación, presentaron su primer boletín, el cual lleva por nombre “Laboratorio P. José Antonio Esquivel”, que tiene como propósito dar seguimiento a la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y a su Reglamento de aplicación, el mismo cuenta con la colaboración del Centro Juan XXIII.

3,329 funcionarios violan la Ley sobre Declaración Jurada de Bienes

Asciende a 3,329 el número de servidores públicos que hasta el pasado 19 de julio no había depositado su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas. Esa cifra corresponde al 53.5% de los funcionarios obligados a declarar sus bienes, y supera al 37% (2,295) que cumplieron con la legislación, información oficial suministrada por la Cámara de Cuentas.

El total de funcionarios que depositaron sus declaraciones incluye a 1,267 que debieron hacerlo en función de la Ley 311-14 y a 1,028 que lo hicieron en cumplimiento de la derogada Ley 82-79.

Entre los que no han declarado sus bienes se encuentran 2,065 funcionarios que no han entregado sus declaraciones al 19 de julio del año en curso, en función de la Ley 311-14, y 1,264 que aparecen en uno de los listados de la Cámara de Cuentas como funcionarios no incluidos en la derogada Ley 82-79, pero sí en la Ley 311-14 y que “aún no han depositado sus declaraciones”.

Las sanciones a quienes incumplen con la obligación de hacer su declaración jurada, o por falsedad y fraude de datos presentados bajo juramento, incluyen desde la calificación judicial de falta grave o de tercer grado, hasta delitos que conllevan multas y cárcel por información falsa, así como incautación y decomiso de bienes.

La Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República son responsables de auditar la veracidad de la documentación depositada en cumplimiento de la ley e investigar y someter a los funcionarios infractores.

A la fecha, según el primer boletín del PEDD-PUCMM, ni uno de los 3,329 funcionarios infractores ha recibido la debida sanción por su incumplimiento. Por igual, ninguna de las declaraciones juradas depositadas ante las autoridades competentes está siendo en estos momentos auditada o examinada por razones administrativas o penales.

Ni siquiera se investiga y somete por “presunción de enriquecimiento ilícito”, como establece el Artículo 19 de la Ley 311-14, a aquellos servidores públicos que cesaron en sus funciones y no realizaron su declaración jurada de patrimonio.

El PEDD-PUCMM concluye en su informe diciendo que la Ley de Declaración Jurada de Bienes requiere salir de su estado de coma, al menos, deteniendo la impunidad que beneficia a todos los funcionarios que no depositan las informaciones sobre sus finanzas personales al ingreso y/o a la salida de los cargos públicos.

El organismo académico, dirigido por el antropólogo Fernando Ferrán, aboga también porque, tanto la Cámara de Cuentas, como el Ministerio Público, de acuerdo a los recursos con que dispongan, comiencen a escudriñar de manera aleatoria el número total de las declaraciones depositadas.

Sugiere que las autoridades inicien al menos con el análisis del 10% de las declaraciones juradas y aumenten cada año ese porcentaje hasta llegar a dar pleno cumplimiento al mandato de la ley vigente.

La actividad se llevó a cabo este jueves 11 de agosto de 2016, en el salón de reuniones I, Sede de Postgrado, Campus Santo Tomás de Aquino.

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